Noticias sobre la Privatización del Registro Civil:
Un poco de historia.-
En el Registro Civil se
inscriben y anotan el nacimiento, filiación, nacionalidad, matrimonio y
defunción acaecidos en España o que afecten a españoles en el extranjero. Se
creó en el año 1870 consecuencia de la revolución de 1868 que trajo la I
República con su laicismo, separando la Iglesia del Estado. Ya con anterioridad
eran las parroquias las que registraban en sus libros de bautismo, matrimonio y
defunción. Se reguló que se llevaran por los juzgados municipales y de Paz con
los secretarios y funcionarios judiciales. Al suprimirse la justicia municipal,
se lleva por los juzgados de Primera Instancia, y desde 1986 sus inscripciones,
certificaciones y expedientes son absolutamente gratuitos.
.-Por ley de 2011, que
entrará en vigor en 2014, se desjudializaba y se ponía al frente a los
secretarios judiciales y funcionarios especializados. Pero
el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, conforme a la tendencia del
Partido Popular de privatizar los fundamentales servicios públicos, tiene
un proyecto de ley para hacer lo propio con el registro civil entregando su
gestión a los registradores de la Propiedad.
Desde el año 2000 se
habían informatizado los registros y digitalizado sus asientos y libros desde
el año 1957. Esto ha tenido un coste de 180 millones de euros, que
se van a regalar a los registradores. Por el Ministerio se dice que no se va a
privatizar, ya que los registradores de la propiedad son funcionarios públicos,
y que las inscripciones necesarias de nacimiento y defunciones serán
gratuitas.
En primer lugar, los
registradores no son empleados públicos, son funcionarios estatutarios sujetos
a arancel, son profesionales que realizan una función pública pero con un
modelo de autogobierno independiente, que cobra a los ciudadanos por sus
servicios en régimen de monopolio legal. Sus empleados no son funcionarios
públicos y cobran exclusivamente del propio registrador. Por otra parte se
calcula que para poner en funcionamiento los nuevos registros civiles serán
necesarios más de 300 millones de euros. Y esto tiene que salir del arancel que
no revertirá en el Estado sino a los propios profesionales registradores. De
tal manera tendrán que pagar como mínimo entre 10 y 20 euros por las partidas
de nacimiento, de matrimonio, de defunción y demás. Con la particularidad de
que se le ha añadido al contenido de los registros los poderes notariales, un
nuevo gasto para ciudadanos y completamente innecesario para documentos que son
públicos y que tienen su correspondiente archivo en el protocolo notarial.
¿Qué sentido tiene convertir al Registro Civil
en un mal remedo del Registro de la Propiedad a un coste multimillonario?
Aunque se introdujera una tasa, lo debería gestionar el Estado y a través de
sus propios funcionarios, y no se debería entregar al registrador. El secreto
está en que el número de registradores de la propiedad en toda España no llega
a 800 y que un pequeño grupo de ellos encarnado en el director general y
vicedirector de los registros y del notariado, nombrados
por el presidente Rajoy y su hermano, ambos registradores de la propiedad, ante
la crisis inmobiliaria y que ha hecho descender mucho sus ingresos, buscan como
solución tener ingresos seguros con el registro civil y otros registros que se
le añadirán. Si en España fallecen algo más de 380.000 personas y se solicita
un promedio de tres certificaciones, a un coste de 30 euros mínimo, da un
resultado 12 millones de euros, es decir 2.000 millones de las antiguas
pesetas. Ahora calculen ustedes los nacimientos, matrimonios, nacionalidades, y
poderes notariales, y todo ello para repartir sólo entre 800 registradores.
Gracias.
