13 ene. 2013

Subasta de medicamentos en Andalucía

El Gobierno de Andalucía ha decidido en virtud de sus competencias en Sanidad ahorrar 200 millones de euros de su factura mediante una subasta de medicamentos que pagamos con dinero público, ahorrando “más del doble” de lo que Cataluña prevé recaudar con la medida del pago de un euro por receta. Quienes salen perjudicados de estas medidas son las grandes empresas farmacéuticas.  


                              

Otra opción política aplicada en otras comunidades autónomas es la privatización de la sanidad y el copago.
El gobierno andaluz prefiere que los recortes lo paguen las empresas farmacéuticas antes que la ciudadanía. Son distintas formas de entender quien paga la factura de la crisis los ciudadanos o ahorrando costes públicos comprando más baratos los medicamentos. El gobierno de Rajoy no sólo esta en contra de esta medida allí donde gobierna privatizando la sanidad, sino que está impidiendo por todos los medios que Andalucía se ahorre esos 200 millones de euros.



Existe una batalla sin cuartel por parte del gobierno de Rajoy contra la subasta de medicamentos en Andalucía y lo está haciendo recurriendo al Tribunal Constitucional para que pase el tiempo ya que mientras se suspende cautelarmente no se puede llevar a cabo. En dos ocasiones el Tribunal Constitucional le ha dado la razón a Andalucía, pero mientras tanto no se ha podido hacer la subasta con una pérdida millonaria para las arcas públicas andaluzas.

Ahora el gobierno de Rajoy volverá a recurrir al Tribunal Constitucional por tercera vez la próxima subasta de medicamentos del SAS, que hará que se suspenda ésta durante los próximos cinco meses. Mientras pasará el año 2013 y tendremos que pagar 200 millones más que podíamos ahorrarnos y que afectan a más de la mitad de las recetas.

La consejera de Salud, María Jesús Montero ha denunciado un complot entre el ministerio y la industria farmacéutica para proteger sus beneficios millonarios. Prefieren que esos millones los paguen los andaluces/as. Ayer quedó al descubierto tras difundirse varios correos electrónicos en los que el presidente de la patronal de los laboratorios de genéricos informaba a sus asociados que el Ministerio de Sanidad ya le había confirmado que iba a recurrir por tercera vez el concurso de medicamentos. Recomienda además a las firmas que no se presenten a la subasta hasta que el Constitucional no se pronuncie sobre el fondo del asunto. “Si alguna compañía decidiera finalmente hacerlo, estaría actuando frente a una norma suspendida”. Pero este tema vas más lejos, recomiendan que “sería bueno” que el Gobierno central acuda también al contencioso-administrativo y que aprobase “algún tipo de modificación legal que zanjase el asunto y obligase a la Junta a impugnar la nueva norma ante el Constitucional”.



La Junta ha denunciado desde un principio la “presión” del ministerio a las empresas para boicotear la subasta. Se prevé que el Gobierno dará luz verde al recurso en el Consejo de Ministros del viernes 18, una fecha que no es “casual” porque ese día cumple el periodo de presentación de los laboratorios a la subasta andaluza. “Pretenden ganar tiempo para que los laboratorios no se presenten”, aseguró la consejera. “Los tiempos están medidos y hay un dictado del lobi farmacéutico al Gobierno”. 

El daño que se le hace a Andalucía y a los andaluces/zas es terrible, porque detrás de esos números hay personas a las que se les quita renta que podría destinarse al consumo, a la generación de empleo y a cubrir otras políticas sociales tan necesarias.

Es increíble y crea perplejidad ver como el gobierno central (sector público) se pone de una forma tan descarada y desleal en contra de otra administración pública como es la andaluza, tomando partido a favor de la industria farmacéutica defendiendo sus beneficios e intereses. Tampoco ayuda saber como esta semana el exconsejero de la comunidad de Madrid (PP) acaba de directivo de la empresa sanitaria que gestiona el servicio que él privatizó cuando era consejero. A eso se le llama tener al enemigo dentro del sector público, pues no sabemos si están para gestionarlo o para liquidarlo.

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