4 feb. 2014

Suma y sigue sobre privatizaciones.



Noticias sobre la Privatización del Registro Civil:

Un poco de historia.-
En el Registro Civil se inscriben y anotan el nacimiento, filiación, nacionalidad, matrimonio y defunción acaecidos en España o que afecten a españoles en el extranjero. Se creó en el año 1870 consecuencia de la revolución de 1868 que trajo la I República con su laicismo, separando la Iglesia del Estado. Ya con anterioridad eran las parroquias las que registraban en sus libros de bautismo, matrimonio y defunción. Se reguló que se llevaran por los juzgados municipales y de Paz con los secretarios y funcionarios judiciales. Al suprimirse la justicia municipal, se lleva por los juzgados de Primera Instancia, y desde 1986 sus inscripciones, certificaciones y expedientes son absolutamente gratuitos. 

.-Por ley de 2011, que entrará en vigor en 2014, se desjudializaba y se ponía al frente a los secretarios judiciales y funcionarios especializados. Pero el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, conforme a la tendencia del Partido Popular de privatizar los fundamentales servicios públicos, tiene un proyecto de ley para hacer lo propio con el registro civil entregando su gestión a los registradores de la Propiedad.

Desde el año 2000 se habían informatizado los registros y digitalizado sus asientos y libros desde el año 1957. Esto ha tenido un coste de 180 millones de euros, que se van a regalar a los registradores. Por el Ministerio se dice que no se va a privatizar, ya que los registradores de la propiedad son funcionarios públicos, y que las inscripciones necesarias de nacimiento y defunciones serán gratuitas. 


En primer lugar, los registradores no son empleados públicos, son funcionarios estatutarios sujetos a arancel, son profesionales que realizan una función pública pero con un modelo de autogobierno independiente, que cobra a los ciudadanos por sus servicios en régimen de monopolio legal. Sus empleados no son funcionarios públicos y cobran exclusivamente del propio registrador. Por otra parte se calcula que para poner en funcionamiento los nuevos registros civiles serán necesarios más de 300 millones de euros. Y esto tiene que salir del arancel que no revertirá en el Estado sino a los propios profesionales registradores. De tal manera tendrán que pagar como mínimo entre 10 y 20 euros por las partidas de nacimiento, de matrimonio, de defunción y demás. Con la particularidad de que se le ha añadido al contenido de los registros los poderes notariales, un nuevo gasto para ciudadanos y completamente innecesario para documentos que son públicos y que tienen su correspondiente archivo en el protocolo notarial.
¿Qué sentido tiene convertir al Registro Civil en un mal remedo del Registro de la Propiedad a un coste multimillonario? Aunque se introdujera una tasa, lo debería gestionar el Estado y a través de sus propios funcionarios, y no se debería entregar al registrador. El secreto está en que el número de registradores de la propiedad en toda España no llega a 800 y que un pequeño grupo de ellos encarnado en el director general y vicedirector de los registros y del notariado,
 nombrados por el presidente Rajoy y su hermano, ambos registradores de la propiedad, ante la crisis inmobiliaria y que ha hecho descender mucho sus ingresos, buscan como solución tener ingresos seguros con el registro civil y otros registros que se le añadirán. Si en España fallecen algo más de 380.000 personas y se solicita un promedio de tres certificaciones, a un coste de 30 euros mínimo, da un resultado 12 millones de euros, es decir 2.000 millones de las antiguas pesetas. Ahora calculen ustedes los nacimientos, matrimonios, nacionalidades, y poderes notariales, y todo ello para repartir sólo entre 800 registradores.




Gracias.

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